Un nuevo informe, “Víctimas silenciosas del tráfico de trabajadores: Los trabajadores chinos de la Franja y la Ruta varados en el extranjero en medio de la pandemia de Covid-19” de China Labor Watch, publicado el 30 de abril, detalla las condiciones de algunos de esos trabajadores chinos en el extranjero, que están construyendo los proyectos de infraestructura de la Franja y la Ruta de China en todo el mundo. La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China constituye una parte crucial de la política exterior del Partido Comunista Chino (PCC) y es una herramienta clave en la ambición de China de convertirse en una superpotencia mundial.
China Labor Watch habló con unos 100 trabajadores chinos de la BRI en Indonesia, Argelia, Singapur, Jordania, Pakistán y Serbia. Muchos compartieron historias similares. Según el informe:
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“Se les prometió un trabajo bien remunerado para mantener a sus familias en China. Sin embargo, al llegar a los países de acogida, los empleadores chinos les confiscaron los pasaportes y les dijeron que si querían marcharse antes, tenían que pagar una multa por incumplimiento de contrato, que a menudo equivale a varios meses de su salario”.
China Labor Watch descubrió que la mayoría de los indicadores de trabajo forzoso de la definición utilizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estaban presentes en los trabajadores chinos que entrevistaron.
Casi todos los trabajadores habían sido reclutados de forma engañosa con promesas de ciertos salarios y visados de trabajo legales. En lugar de ello, se les confiscó el pasaporte nada más desembarcar del avión, por lo que no pudieron marcharse a menos que pagaran una fuerte multa al empleador chino. No recibieron ningún permiso de trabajo legal, lo que los convirtió en trabajadores ilegales. Fueron encerrados en precarias condiciones de vida y de trabajo en los locales de trabajo, que estaban vigilados por guardias de seguridad. Si querían salir de las instalaciones, necesitaban el permiso de los guardias. Sufrían jornadas de trabajo excesivas, de hasta 12 horas diarias, 7 días a la semana, sin permiso de vacaciones y con insuficiente protección laboral y equipo de seguridad. Muchos trabajadores se lesionaron durante el trabajo sin acceso a tratamiento médico, lo que llevó a algunos a la invalidez permanente. Después de que a un trabajador de una empresa minera china en Indonesia se le diagnosticara positivo por Covid-19 en noviembre de 2020, se le puso en aislamiento en una habitación vacía durante más de 20 días sin ningún tratamiento médico. Más tarde, otros trabajadores encontraron su cadáver. Según el informe:
“Hemos descubierto que en algunas empresas siderúrgicas y mineras chinas, los trabajadores son frecuentemente retenidos y golpeados por los guardias de seguridad de la empresa debido a la desobediencia, el intentar hacer huelga u otras disputas con la dirección”. En un grupo de WeChat de trabajadores siderúrgicos chinos en Indonesia, alguien publicó un vídeo en el que un trabajador era reprendido y abofeteado repetidamente hasta que el uniforme quedaba cubierto de sangre por la nariz. Luego, otros miembros del grupo comentaron que el traductor de la fábrica fue quien les golpeó.
“La intimidación y las amenazas son habituales para controlar a los trabajadores chinos que realizan trabajos forzados en algunos proyectos de la BRI. Las amenazas más utilizadas son la deportación, las represalias al volver a casa, las multas elevadas y las sanciones. También es habitual obligar a los trabajadores a firmar una renuncia a sus derechos para demandar al empleador y obligarles a borrar las pruebas de las violaciones de los derechos laborales en sus teléfonos.”
La mayoría de los trabajadores recibieron “pagos atrasados… y deducciones inexplicables”.
“Un trabajador que fue a Jordania trabajó en el desierto durante cinco meses, pero sólo recibió el salario de los seis primeros días. En Argelia, cuando un proyecto de instalación de una empresa subcontratada estaba a punto de terminar en 2019, se dejó a dos trabajadores para el mantenimiento y la instalación. No pudieron rechazar el acuerdo porque su empleador les amenazó con seis meses de salario que aún no habían sido pagados”.
No había ningún lugar donde los trabajadores pudieran quejarse.
“Varios trabajadores dijeron que intentaron llamar a la embajada china para informar de que sus pasaportes habían sido retenidos por su empresa empleadora. La respuesta de la embajada fue que no tenía derecho a intervenir y se dijo a los trabajadores que presentaran una denuncia en la comisaría local. Sin embargo, estos trabajadores no pueden ni siquiera salir de la puerta del lugar de trabajo, y además se enfrentan a barreras lingüísticas. No es realista que llamen a la policía local. Además, los trabajadores temen ser castigados o multados si la policía descubre que no tienen un estatus laboral legal”.
La embajada china también parece haber trabajado activamente para reprimir sus quejas.
“Dos voluntarios que entrevistamos y que se preocupan por los trabajadores chinos en el extranjero nos dijeron que lo que publicaban en sus cuentas personales sobre los trabajadores migrantes en el extranjero solía ser eliminado por los administradores de WeChat [una aplicación china de mensajería y redes sociales] en pocas horas. En una ocasión, tras publicar un artículo en el que se mencionaba el nombre de una empresa concreta, un autor recibió una llamada de la embajada china y de los ejecutivos de la empresa, diciéndole que borrara el artículo y que no siguiera centrándose en estos trabajadores.”
Que la Iniciativa de la Franja y la Ruta pueda basarse en el trabajo forzoso, como alega el informe, no es sorprendente. El trabajo forzado existe en dos formas distintas en China. Una forma es la esclavitud moderna, no directamente sancionada por el Estado, como ejemplifican los trabajadores de la BRI mencionados anteriormente. Según el Índice Global de Esclavitud de 2018:
“En un día cualquiera de 2016 había más de 3,8 millones de personas viviendo en condiciones de esclavitud moderna en China, una prevalencia de 2,8 víctimas por cada mil personas en el país. Esta estimación no incluye las cifras de tráfico de órganos”.
La otra forma de trabajo forzado es sistemática y legal en el sistema penal chino. La China comunista ha utilizado los trabajos forzados y los campos de trabajo, citando la “reeducación”, desde la década de 1950. En 2013, el PCCh afirmó que estaba aboliendo la práctica, sólo para reinstaurarla de nuevo unos años después para “reeducar” a los uigures. Según el Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI), el gobierno chino ha construido casi 400 campos de detención en Xinjiang. “Según la mayoría de las estimaciones, alrededor del 10% de los uigures y otras nacionalidades musulmanas de Xinjiang se han encontrado detenidos arbitrariamente en estos campos”, según Nathan Ruser, investigador del ASPI.
“Es probable que decenas de miles de antiguos detenidos hayan sido trasladados a programas de trabajos forzados (…) Los continuos campos de detención de Xinjiang (…) apuntalan una vasta red de programas de trabajo donde el consentimiento es imposible. Contaminan las cadenas de suministro de cientos de empresas multinacionales con mano de obra forzada, e implican no sólo a las autoridades chinas, sino a gran parte del resto del mundo en una campaña concertada de sustitución étnica que, según informes creíbles, bien podría equivaler a un genocidio”.
Aunque el trabajo forzado de los uigures ha recibido mucha atención internacional en los últimos años, un hecho mucho menos conocido es que China también somete a los tibetanos a trabajos forzados a gran escala y de forma organizada. En los primeros siete meses de 2020, China obligó a más de medio millón de tibetanos a realizar trabajos forzados, según un informe de 2020, “El sistema de formación profesional militarizada de Xinjiang llega al Tíbet”, elaborado por Adrian Zenz para la Jamestown Foundation. Según el informe, el PCCh ha estado “reeducando” a los tibetanos en el Tíbet de forma similar a los trabajos forzados a los que somete a los uigures en Xinjiang. El informe afirma:
“En 2019 y 2020, la Región Autónoma del Tíbet (TAR por sus siglas en inglés) introdujo nuevas políticas para promover la formación sistemática, centralizada y a gran escala y la transferencia de “trabajadores rurales excedentes” a otras partes de la TAR, así como a otras provincias de la República Popular China (RPC). En los primeros 7 meses de 2020, la región había formado a más de medio millón de trabajadores rurales excedentes a través de esta política… La política de transferencia de mano de obra ordena que… los agricultores sean sometidos a una formación profesional centralizada “de estilo militar”, que tiene como objetivo reformar el “pensamiento atrasado” e incluye la formación en “disciplina laboral”, derecho y lengua china…”
Judith Bergman, columnista, abogada y analista política, es Distinguished Senior Fellow del Gatestone Institute.
Este artículo fue originalmente publicado en Gatestone Institute el 2 de juno de 2021.
