Desde la crisis financiera mundial de 2008, China aumentó constantemente sus préstamos directos a los países en desarrollo, a menudo con condiciones draconianas. La moratoria de la deuda en África durante la pandemia, si bien es importante, no resolverá este problema.
La pandemia enfrenta a los países pobres muy endeudados a un fatídico dilema. Como se lamentó en abril pasado el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, Premio Nobel de la Paz, los dirigentes se han visto obligados a elegir entre “seguir pagando la deuda o redirigir los recursos para salvar vidas y proveer de medios de subsistencia”. Y cuando eligen lo último, a menudo es China, el mayor prestamista bilateral de África, a quien tienen que responder.
Según Ahmed, una moratoria sobre los pagos de la deuda era esencial para que Etiopía pudiera responder al COVID-19. Esta moratoria ahorraría a Etiopía -uno de los países más pobres del mundo- 1.700 millones de dólares entre abril de 2020 y finales de año, y 3.500 millones si se prolonga hasta finales de 2022. Una respuesta eficaz al COVID-19, señaló, costaría 3.000 millones de dólares.
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La moratoria de la deuda salvó a Angola, al menos por ahora. Junto con Chad, la República del Congo, Mauritania y Sudán, Angola estaba sometida a una fuerte presión financiera, debido al colapso de los precios de las materias primas desencadenado por la crisis del COVID-19. Pero, en septiembre, Angola consiguió un acuerdo con tres de sus principales acreedores -entre ellos el Banco de Desarrollo de China (CDB por sus siglas en inglés), al que Angola debe 14.500 millones de dólares y el Banco de Exportación e Importación de China (EximBank, al que debe 5.000 millones de dólares)- para recibir 6.200 millones de dólares en concepto de alivio por la deuda en los próximos tres años.
Asimismo, en octubre, Zambia incumplió un pago de intereses de 42,5 millones de dólares sobre un bono denominado en dólares, y estuvo a punto de incumplir su deuda externa de 12.000 millones de dólares, el equivalente a aproximadamente la mitad de su PIB. Pero los mismos acreedores chinos aliviaron la presión: el CDB aplazó los pagos de intereses y del principal durante seis meses, hasta abril de 2021, y el EximBank suspendió todos los pagos de su cartera de préstamos soberanos por valor de 110 millones de dólares.
El acuerdo con EximBank se acordó en el marco de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI por sus siglas en inglés) del G20, en virtud de la cual 73 de los países más pobres del mundo solicitaron un respiro temporal en el pago de la deuda bilateral. Hasta ahora, 46 países – entre ellos Angola y Zambia, entre los 31 de África – presentaron solicitudes de DSSI.
Alrededor del 70% de los pagos afectados -por valor de unos 8.000 millones de dólares- se deben a China, que posee el 62% de la deuda bilateral oficial de África. Esto no debería ser una sorpresa: desde la crisis financiera mundial de 2008, China aumentó constantemente sus préstamos directos a los países en desarrollo. Para los 50 beneficiarios más endeudados de este tipo de préstamos, el promedio de la deuda contraída con China aumentó de menos del 1% del PIB en 2005 a más del 15% en 2017.
Esto conlleva graves riesgos. Para empezar, los prestamistas chinos suelen establecer condiciones de préstamo más onerosas -tipos de interés más altos, plazos más cortos- que los bancos multilaterales de desarrollo. En abril de 2020, el presidente de Tanzania, John Magufuli, amenazó con cancelar un proyecto de 10.000 millones de dólares lanzado por su predecesor, porque la financiación china venía con condiciones que “solo un borracho” aceptaría.
Además, la mayor parte de los préstamos bilaterales de China los llevan a cabo los llamados bancos políticos y los bancos comerciales de propiedad estatal, que están controlados por el régimen chino, pero funcionan como entidades legalmente independientes, no como prestamistas soberanos. Así que, a diferencia de los miembros del Club de París de los principales acreedores soberanos, suelen exigir garantías para los préstamos de desarrollo. Alrededor del 60% del total de sus préstamos a los países en desarrollo está sujeto a garantías. Cuando un país solicita el alivio de la deuda, sus acreedores chinos pueden reclamar los derechos sobre los activos depositados en garantía.
Además, debido a su turbio carácter -ni oficial ni privado- los bancos chinos suelen renegociar los préstamos soberanos de forma bilateral y en secreto. Así ocurrió con el acuerdo de Zambia con el CDB, que China consideró un acreedor comercial. Al negarse a atender los llamamientos del Banco Mundial y del G20 para que el CDB participe en el DSSI como prestamista bilateral oficial, China insistió en que la suspensión de los pagos del servicio de la deuda se produjo “de forma voluntaria y según los principios del mercado”.
Sin duda, China no es la única responsable de la situación de la deuda en África. Fue el fracaso de otros prestamistas a la hora de proporcionar una financiación adecuada – especialmente la inversión en infraestructuras – lo que llevó a tantos países de renta baja a los brazos de los acreedores chinos.
Los países africanos a menudo no pueden permitirse el lujo de construir la infraestructura que necesitan desesperadamente para apoyar a sus poblaciones en crecimiento. Además, carecen de acceso a los bancos y mercados de capital internacionales. Y los prestamistas soberanos no se han hecho cargo de la situación: en 2017, el Club de París representó solo el 5% de la deuda pública y con garantía pública en África subsahariana.
Los prestamistas chinos, por su parte, estuvieron dispuestos a conceder préstamos a los países africanos pobres sin exigir mucho en términos de reformas de gobernabilidad y medidas anticorrupción. El resultado fue proyectos que están sujetos a condiciones de préstamo draconianas, costosos de operar y con pocas probabilidades de producir rendimientos decentes.
Las moratorias de la deuda durante la crisis de COVID-19 pueden ofrecer a los países pobres un respiro temporal, liberando fondos para la respuesta a la pandemia. Pero no resolverán los problemas de deuda de estos países. Por el contrario, el fin de las moratorias podría desencadenar una ola de incumplimientos sincronizados, lo que requeriría la intervención del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones multilaterales.
Fuente: Proyect Syndicate.
