Ya es hora de que tengamos en cuenta el daño que han hecho.
El 2020 pasará a la historia como el año en que el Partido Comunista Chino (PCCh) desató una pandemia global y destrozó la economía mundial. En un universo racional, el PCCh pagaría un precio, pero no vivimos en un universo racional. Tres mil quinientas empresas estadounidenses demandan al gobierno federal para que anule los aranceles sobre los productos chinos. Las cotizaciones de las acciones chinas en Wall Street están prosperando; al 2 de octubre de 2020, las 217 compañías chinas que cotizan en las bolsas de EE. UU. tienen una capitalización de mercado total de 2.200 millones de dólares. Twitter bloqueó el New York Post por informar sobre los negocios de Hunter Biden en China, pero permite que las cuentas del gobierno chino difundan propaganda perversa culpando a los EE. UU. de la pandemia. Y los ejecutivos de los medios de comunicación, tan piadosamente “despiertos” en justicia social, guardan un silencio absoluto sobre los campos de concentración de la China comunista, donde millones de hombres, mujeres y niños están sujetos a la tortura, la esclavitud y la “reeducación”.
Desde el inicio de la pandemia, los principales medios de comunicación impulsaron la narrativa del PCCh de que China “ha hecho un trabajo mucho mejor que Estados Unidos” al contener el virus. Hay pocos informes sobre las interrupciones de la cadena de suministro y la escasez de alimentos causadas por meses de inundaciones catastróficas en el país, la destrucción de la sociedad civil de Hong Kong o la espantosa elección del régimen chino para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
The Disney Corporation, propietaria de ABC News, no muestra ningún remordimiento, sobre la célebre Mulan, por rodar parte de su éxito de taquilla de 200 millones de dólares, en la provincia china de Xinjiang, donde millones de uigures proporcionan mano de obra esclava a las mega solidarias empresas como Nike, Adidas y Apple. En los créditos de la película, Disney incluso da “gracias especiales” a ocho unidades de la Oficina de Seguridad Pública del PCCh, cuyos agentes vigilan, arrestan y torturan a tibetanos y uigures, abogados de derechos humanos, poetas y artistas, por crímenes como tener pensamiento revolucionario o por ”difundir rumores sobre el gobierno”. Cuando los parlamentarios británicos le pidieron que respondiera por esto, Disney dijo en un comunicado que “hay regulaciones que deben ser seguidas por todas las productoras de películas extranjeras que quieran operar en China”. El diputado ‘Iain Duncan-Smith‘ respondió que “parece que los derechos humanos están en segundo lugar en la política corporativa de no molestar a China”.
La pandemia de coronavirus ha expuesto los peligros de la subcontratación de la fabricación de EE. UU. a la China comunista. El 90 por ciento de nuestros medicamentos son hechos en China. La Sociedad Asiática, que durante mucho tiempo fue el hogar de los apologistas del PCCh, alcanzó un nuevo mínimo en abril con una carta abierta firmada por numerosos dignatarios como Madeline Albright, Susan Rice y Lawrence Summers, en la que se afirmaba que Estados Unidos debe “abordar sus deficiencias” y “cooperar” con China, y que “las fábricas de China puedan fabricar el equipo de protección y los medicamentos necesarios para combatir el virus”. Mientras la pandemia paralizaba a los EE. UU., Bill Gates, vergonzosamente, apareció en la televisión para opinar que EE. UU. había “reaccionado mal” al virus, mientras que “China hizo muchas cosas bien”.
En julio de 2020, la Escuela Kennedy de Harvard publicó un informe, “Comprendiendo la resistencia del PCCh”, que encubrió la calamidad del virus. “Los ciudadanos chinos califican al gobierno como más capaz y eficaz que nunca”, dijo el informe. Harvard, Yale y la Universidad de Pennsylvania están siendo investigados por no haber reportado millones de dólares en “regalos” de China. Solo Harvard ha aceptado más de 1000 millones de dólares de donaciones del PCCh, y en 2010 inscribió a la hija de Xi Jingping, Xi Mingxie, como estudiante de primer año, bajo un seudónimo. Un ex funcionario de admisiones de Harvard me dijo: “Si tu padre es un miembro del Partido Comunista Chino, tienes más posibilidades de ingresar en una de las mejores escuelas de la ‘Ivy League’ que un niño estadounidense cuyo abuelo ayudó a construir esa escuela”.
La disolución de la Unión Soviética anuló la razón de ser del “compromiso especial” con la República Popular China, pero la política de Estados Unidos en China no se ajustó en consecuencia. En 1994, el presidente Clinton desvinculó el comercio con China, después de una revisión anual por el Congreso, del historial del PCCh en materia de derechos humanos. Seis años después, Clinton recompensó al régimen con la entrada en la Organización Mundial del Comercio (OMC), permitiéndole ampliar su estado policial y avanzar en sus ambiciones globales sin penalización ni impedimento. Ahora está dolorosamente claro que aquellos que impulsaron el “compromiso constructivo” con el PCCh no deseaban una reforma política. He pasado años escuchando a expertos y financieros de la Sociedad Asiática y del Consejo de Relaciones Exteriores ensalzar la dictadura unipartidista de China como “más eficiente que nuestra desordenada democracia”. Hasta ahora, la normalización del PCCh ha sido un gran éxito.
A pesar de los esfuerzos de los medios corporativos para encubrir los crímenes del régimen chino, una nueva encuesta de Pew revela que ocho de cada diez ciudadanos estadounidenses perciben ahora al PCCh como una “fuerza peligrosa”. Ya es hora de que aquellos que ayudaron e incitaron al ascenso de China comunista, rindan cuentas de sus acciones.
Autor: Maura Moynihan
Este artículo fue originalmente publicado en National Review el 23 de octubre de 2020
